Julio 30, 2026. El Ministerio de Seguridad Pública dio a conocer las principales prioridades que orientarán su gestión durante los próximos años, en el marco de la Cuenta Pública Participativa realizada este miércoles en el Teatro de La Florida. Durante la actividad, el ministro Martín Arrau, presentó una estrategia basada en siete ejes destinados a fortalecer la prevención, el control del delito y la presencia del Estado en los territorios.
La autoridad explicó que la elección de La Florida como sede de la ceremonia respondió al propósito de acercar este ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía, destacando que los desafíos en materia de seguridad se enfrentan principalmente en los barrios y comunidades.
En esa línea, señaló que la primera prioridad será fortalecer el trabajo de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería, mediante mayores inversiones en equipamiento, tecnología, infraestructura, protección para el personal y nuevas herramientas legales que respalden su labor.
Asimismo, recordó que el Gobierno puso en marcha un plan de fortalecimiento institucional para Carabineros, con recursos superiores a los $100 mil millones anuales, iniciativa que busca revertir la disminución de cerca de 4.000 funcionarios operativos registrada durante la última década.
Otro de los focos de la cartera será el reforzamiento del control fronterizo. Según explicó el ministro, el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y Carabineros en la zona norte ha permitido reducir en aproximadamente un 80% los ingresos irregulares detectados durante el año, además de incrementar los decomisos de drogas y mercancías de contrabando.
Las medidas consideran ampliar la vigilancia en los pasos habilitados, reforzar la fiscalización en puertos y aeropuertos e incorporar nuevos sistemas de escaneo y análisis de carga para impedir tanto el ingreso de insumos destinados a la elaboración de drogas como la salida de sustancias ilícitas.
En materia penitenciaria, el Ministerio priorizará el fortalecimiento del sistema carcelario para limitar la capacidad operativa de las organizaciones criminales desde el interior de los recintos penales. Entre las iniciativas se contempla la habilitación de módulos de máxima seguridad con inhibidores de señal telefónica, la construcción de 20 mil nuevas plazas penitenciarias, una nueva Ley Orgánica de Gendarmería y el reforzamiento del resguardo perimetral de los establecimientos.
La recuperación de espacios urbanos también forma parte de la estrategia. Para ello se implementará el programa Escudo Barrio, que intervendrá al menos 50 sectores priorizados entre 2026 y 2027 mediante proyectos de iluminación, instalación de cámaras de vigilancia, recuperación de espacios públicos y acciones coordinadas con los municipios y las policías.
En el ámbito tecnológico, el Ministerio continuará desarrollando el Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial, plataforma que actualmente procesa información proveniente de lectores de placas patentes y genera alertas sobre vehículos con encargo vigente.
La siguiente etapa contempla incorporar autopistas, ampliar la cobertura hacia nuevos municipios, desarrollar herramientas de reconocimiento facial y fortalecer el intercambio de información entre organismos públicos para mejorar la toma de decisiones y apoyar las investigaciones del Ministerio Público.
Respecto del crimen organizado, Arrau sostuvo que las organizaciones criminales han diversificado sus actividades hacia delitos como narcotráfico, tráfico de armas, secuestros, homicidios, extorsiones y lavado de activos. En ese contexto, informó que el Plan Nacional contra el Crimen Organizado registra un avance cercano al 80%, fortaleciendo las capacidades de ocho instituciones del Estado mediante una inversión superior a $64 mil millones.
Como parte de ese plan, durante 2025 se incorporaron 905 vehículos operativos para Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de cinco drones de vigilancia destinados a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
La séptima prioridad corresponde al trabajo en la Macrozona Sur, donde el Ministerio mantendrá una estrategia basada en el despliegue policial y militar, el fortalecimiento de la persecución penal y una mayor coordinación entre los distintos organismos públicos para recuperar las condiciones de seguridad en los sectores afectados por hechos de violencia y acciones terroristas.
El ministro indicó que el propósito es generar un entorno que permita a agricultores, emprendedores, transportistas y operadores turísticos desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad, destacando además el funcionamiento del mando único durante el estado de excepción y las acciones orientadas a capturar a personas prófugas vinculadas a delitos violentos.
Al cierre de la Cuenta Pública, Arrau afirmó que la seguridad constituye un requisito fundamental para garantizar el ejercicio de las libertades, impulsar el crecimiento del país y asegurar el acceso efectivo de la ciudadanía a sus derechos, reiterando el compromiso del Gobierno con la recuperación de la tranquilidad y la confianza de las familias chilenas.
