El 27 de enero de 2025, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, oficializó la creación del Ministerio de Seguridad Pública, un nuevo organismo estatal que tendrá la tarea de fortalecer la lucha contra el crimen, mejorar la prevención del delito y resguardar el orden público en el país.
Este hito legislativo fue respaldado en el Congreso con 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, demostrando el consenso sobre la importancia de contar con una institucionalidad más eficiente para abordar los desafíos en materia de seguridad.
Un nuevo modelo de coordinación para la seguridad
El Ministerio de Seguridad Pública tendrá la responsabilidad de coordinar un renovado Sistema de Seguridad, integrando en esta coordinación a instituciones clave como:
- Carabineros de Chile
- Policía de Investigaciones (PDI)
- Gendarmería
- Agencia Nacional de Inteligencia
- Servicio de Impuestos Internos
- Aduanas
- ministerios sectoriales
- gobiernos regionales
- municipios
- Ministerio Público
Además, a nivel regional, se implementarán equipos especializados en seguridad, con la capacidad de diseñar e implementar estrategias adaptadas a la realidad local.
Cada región contará con un Seremi de Seguridad Pública, quien liderará la coordinación de las fuerzas policiales, los que serán nombrados en la primera etapa de funcionamiento del Ministerio.
Por su parte, como trabajo en conjunto el Delegado Presidencial Regional podrá instruir al Seremi en caso de alteraciones del orden público.
Un fortalecimiento institucional para mayor eficacia
Junto con la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la ley redefine el rol del Ministerio del Interior, consolidándolo como el principal articulador político del gabinete y responsable de la coordinación intersectorial.
Asimismo, el Ministerio del Interior continuará a cargo de la gestión del gobierno interior, el desarrollo territorial y la respuesta ante desastres naturales y emergencias.
La promulgación de esta ley marca un paso significativo en la modernización del sistema de seguridad pública en Chile, promoviendo una mejor planificación y ejecución de estrategias para enfrentar el delito y garantizar la