En el marco de una investigación coordinada entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), se logró desarticular una organización criminal dedicada al robo sistemático de cobre y su posterior comercialización ilegal en el extranjero, en el marco de la operación denominada “Alto Voltaje”.
El procedimiento permitió la detención de 22 personas, incluyendo a los principales líderes y operadores de la red, además de la intervención de 49 domicilios en siete regiones del país. La organización mantenía operaciones en gran parte del territorio nacional, afectando gravemente infraestructura crítica vinculada a servicios esenciales como energía y telecomunicaciones.
Durante el operativo, se incautaron 187 toneladas de cobre, junto con 63 propiedades, 40 vehículos, 11 armas de fuego y municiones, evidenciando la magnitud y el nivel de organización de esta estructura criminal.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la banda operó entre los años 2020 y 2025, registrando movimientos económicos por más de $816 mil millones de pesos (aproximadamente US$917 millones). Asimismo, se identificó un perjuicio relevante al patrimonio fiscal, asociado a la obtención fraudulenta de devoluciones por concepto de IVA exportador.

Compromiso con la seguridad y el combate al crimen organizado
Desde la Subsecretaría de Seguridad Pública se valoró el resultado de esta operación, destacando el trabajo coordinado de las instituciones y reafirmando el compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en delitos que afectan servicios esenciales y la calidad de vida de las personas.
“El robo de cobre no solo constituye un delito económico, sino que impacta directamente en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, al afectar infraestructura crítica. Este tipo de resultados da cuenta del trabajo decidido del Estado para enfrentar organizaciones criminales complejas”, señaló Andrés Jouannet, subsecretario de seguridad pública.
Finalmente, se reiteró que se continuará fortaleciendo la persecución penal, la inteligencia policial y las medidas de prevención para combatir este tipo de delitos a lo largo del país.