El subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, recalcó la importancia de contar con una instancia de trabajo público-privado para abordar este delito que afecta a la industria energética.
Santiago, 18 de julio de 2025.- En el marco de la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), la Subsecretaría de Seguridad Pública dio inicio este viernes a la Fuerza de Tarea por Robo de Cables con el objetivo de generar medidas interinstitucionales para enfrentar este delito, que vulnera servicios esenciales como la electricidad y las telecomunicaciones, afectando la seguridad y calidad de vida de los chilenos y chilenas.
La PNCO tiene como propósito disminuir la actividad delictiva de las organizaciones criminales que operan en Chile, mediante acciones que incluyen desbaratar y reducir el poder económico de las mismas. En esta fuerza propone enfrentar el robo al sector energético a lo largo de la cadena logística, considerando desde la comisión del delito, reducción en chatarrerías, almacenamiento en lugares de acopio y venta.
En la primera sesión de esta fuerza de tarea, liderada por el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, participaron representantes de la Subsecretaría de Energía, la Subsecretaría de Transportes, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, Empresas Eléctricas AG, Generadoras de Chile y Transmisoras de Chile.
El subsecretario de Seguridad Pública señaló que “hoy día le dimos el vamos a las fuerzas de tarea de robo en el sector energético. Para nosotros es muy importante como Ministerio de Seguridad Pública aprovechar las nuevas herramientas que nos da nuestra ley. Nuestra ley nos permite generar trabajo interinstitucional y también trabajo público-privado. estamos trabajando en un plan para combatir interinstitucionalmente la problemática del robo de cable de cobre”.
Sostuvo que “estamos generando este plan interinstitucional de trabajo para combatir este importante delito que además es ejecutado a través del crimen organizado. Nosotros tenemos una Política Nacional contra el Crimen Organizado, y en ese sentido lo que estamos haciendo es poner en práctica distintos planes para generar acciones concretas en contra de este tipo de delitos que son muy problemático para la población”.
El jefe (S) de Fiscalizaciones del Servicio Nacional de Aduanas, Rubén Parra, indicó que “ponemos a plena disposición de la mesa que se acaba de convocar. El servicio tiene una importante capacidad analítica de parte de las distintas aduanas del país. Se trabaja de manera súper coordinada, a través también de una coordinación estratégica, con las policías, con el Ministerio Público, con la Subsecretaría y, por lo tanto, ahí desde el punto de vista de lo que es la capacidad analítica del servicio y las herramientas que tiene para ello, forma parte un poco relevante de esta actuación y que hoy en se está lanzando”.
Por su parte, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, comentó que “nos parece que es una instancia muy adecuada, ya que es un órgano moderno que participa en diferentes visiones del Estado, pero también del sector privado, y al tener diferentes visiones podemos trabajar de manera colaborativa, más inteligente para ello, esta instancia nosotros vamos a colaborar, vamos a entregar la información necesaria, y también coincidimos con nuestros colegas de distribución y de transmisión, de que este robo no es un robo menor, es un robo que pone en riesgo la vida de las personas, de los trabajadores de las instalaciones, pero también puede poner en riesgo un sector estratégico”.
En tanto, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, recalcó “valoramos la creación de esta fuerza de tarea como un esfuerzo concreto por avanzar en un trabajo coordinado entre el sector público y privado, con el objetivo de frenar este delito que ya ha afectado a cerca de 300 mil hogares, pymes, escuelas y hospitales en los primeros seis meses del año, los que vieron interrumpido su suministro eléctrico producto de estas acciones criminales”.
El director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras de Chile, Javier Tapia, también valoró la iniciativa y señaló que “representa una señal concreta del compromiso del Estado frente a un fenómeno que ha ido creciendo y que afecta gravemente al sector energético. El robo de infraestructura eléctrica pone en riesgo la seguridad de las personas, la continuidad del suministro y el funcionamiento de servicios esenciales. Por eso, contar con un espacio público-privado para coordinar acciones que hagan frente a este problema en toda su cadena —desde el robo hasta la comercialización ilegal— es un paso muy importante”.
